(Que por supuesto no comparto en absoluto)
En los círculos académicos nadie discute que el Sistema de Pensiones español está quebrado. Sólo nos quedan algunas dudas sobre las fechas exactas en las que se va a producir esa quiebra. El profesor Julián Díaz-Saavedra y yo hemos calculado que, si seguimos con el sistema vigente, el primer déficit de las pensiones aparecerá en el año 2015 y que el Fondo de Reserva de las Pensiones se agotará en el año 2026. Naturalmente si la recesión se prolonga, estas fechas se adelantarán. La causa principal de este problema es la intensidad de los cambios demográficos que se han producido en España en las últimas décadas.
En relativamente poco tiempo hemos pasado de ser uno de los países que tenían la tasa de natalidad más alta de toda Europa a tener, junto con los italianos, la tasa de natalidad más baja. Al mismo tiempo, nuestra esperanza de vida ha ido aumentando y ahora está en torno a los 81 años. Otro dato relevante es que las mujeres viven más que los hombres, pero la Ley de Igualdad ha decidido ignorar este detalle. Estos cambios demográficos hacen que en España cada vez haya más pensionistas y menos cotizantes. En 1997 había 23 pensionistas por cada cien personas en edad de trabajar y, según las hipótesis demográficas del Instituto Nacional de Estadística más favorables para la sostenibilidad de las pensiones, en 2050 habrá 56 pensionistas por cada cien trabajadores potenciales.
Estos cambios demográficos tan intensos son devastadores para los sistema de pensiones de reparto con prestación definida como el nuestro. En el sistema español vigente, la cuantía de las pensiones se determina en función de la duración de la historia laboral y de las cotizaciones de los últimos quince años anteriores a la jubilación. Y para financiar las pensiones se recauda un impuesto sobre el trabajo. Pero la cantidad que el Estado tiene que pagar en un año cualquiera por las pensiones es completamente independiente de la recaudación de ese año. Cuando se recauda más de lo que se paga, el excedente se acumula en el Fondo de Reserva, pero cuando se empiece a recaudar menos, la recaudación se complementará con los recursos del Fondo. Y cuando el Fondo se agote, se tendrá que complementar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. O sea, con cargo a la recaudación de los demás impuestos. Si no reformáramos el sistema vigente, según nuestros cálculos, en 2050 el tipo del impuesto sobre el valor añadido necesario para financiar las pensiones sería aproximadamente del 40 por ciento. Y naturalmente eso es inimaginable. Por lo tanto tenemos que reformar el sistema y sólo hay tres maneras posibles de hacerlo: subiendo las cotizaciones, bajando las pensiones, o retrasando la edad de jubilación.
De esas tres reformas, la que mejor funciona es la de retrasar la edad de jubilación. Porque es la única que a la vez aumenta el número de cotizantes, disminuye el número de pensionistas, y no aumenta los costes laborales.
Y, por lo tanto es la reforma que mejor contrarresta los efectos de la transición demográfica. Si hemos nacido después de 1957, y nos frustra tener que jubilarnos a los 67 o mejor todavía a los 68, podemos consolarnos pensando que cuando se creó el sistema de pensiones, la esperanza de vida rondaba los 65 años y coincidía con la edad de jubilación. En sus orígenes, el sistema de pensiones era, en realidad, un seguro de longevidad: todos pagábamos la prima, y los más longevos cobraban la póliza. Con el transcurso de las décadas, los cambios demográficos lo han convertido en unos carísimos veinte años de vacaciones pagadas.
Por lo tanto, la misma transición demográfica que nos ha permitido vivir muchos más años, el la que nos obliga a modificar los detalles del pacto intergeneracional. Y la forma más ordenada de hacerlo es empezar cuanto antes a retrasar la edad de jubilación. Es verdad que habrá unas generaciones a las que les va a tocar pagar más que a las anteriores. Eso es parte del azar consustancial con la vida.
A unas generaciones les toca vivir una guerra civil, a otras una dictadura, o un cambio de régimen político, o una crisis económica, o unos gobernantes más incompetentes que la media, a veces ocurre, ya se sabe que las medias son así. No cabe lamentarse. Y por más que lo intente, el Estado español no puede garantizar que vaya a poder pagarnos todo lo que les prometió a nuestros abuelos, que eran mucho menos longevos que en la actualidad somos nosotros. Nada es gratis, y vivir muchos más años que ellos es un privilegio que bien merece prolongar nuestra vida laboral durante dos o tres años.
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