Leo el editorial del periódico El País de hoy:
El Fondo Monetario Internacional ha pedido a España "medidas urgentes y
decisivas". Y las ha detallado: una reforma financiera que permita a las
cajas de ahorros convertir su capital social en acciones; el recorte
del gasto que confirme el compromiso del Gobierno en reducir el déficit
público y una reforma laboral "radical" (abaratamiento del despido y
negociación más flexible de los convenios) para que funcione el mercado
del trabajo. La perentoriedad del FMI indica que para sus analistas la
economía española atraviesa por un momento crítico; y que ese momento
solo puede superarse con una recuperación de la solvencia financiera
pública y privada.
Sobre la reforma financiera, el Fondo se suma a las críticas por la
excesiva lentitud de los procesos de fusión de cajas. Efectivamente, la
refinanciación de las empresas, requisito indispensable para afianzar
los muy débiles signos de recuperación económica, requería que el
saneamiento de las cajas estuviera ya concluido; el retraso quizá pueda
corregirse si se aceleran las uniones en marcha. Ayer se formalizó la
"fusión virtual" entre la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo),
Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Es la solución para
rescatar la CAM y un paso más en la configuración de Cajastur como
cabecera en las operaciones de rescate y consolidación financiera.
Pero
el Fondo va más allá de las fusiones. Propone "aumentar la capacidad de
las cajas para captar capital externo" para que los fondos públicos no
tengan que pagar el coste de los rescates financieros, y reducir la
influencia política en los consejos. Tarde o temprano, este Gobierno o
el que le suceda tendrá que hacer frente a estas dos decisiones, que
suponen, en la práctica, romper con el dominio de los poderes
autonómicos sobre las cajas. A nadie se le escapa que esta subordinación
a las políticas locales está frenando la reestructuración financiera en
España.
El FMI sugiere además que la economía española ha de
resolver una contradicción peligrosa. Por una parte, tiene que reducir
el déficit público (recortar nada menos que ocho puntos, del 11,2% del
PIB al 3% en cuatro años); por otra, debe hacerlo con una recuperación
económica "frágil". Aquí radica (como en Grecia y Portugal) el motivo
principal de desconfianza de los inversores. No creen que la
reactivación de la economía sea tan rápida como para asegurar que el
déficit se recorta con la rapidez prevista por el Gobierno.
En
cuanto a la reforma "radical" del mercado de trabajo, la posición del
Fondo debería ser un poco más matizada. Si de lo que se trata es de
crear empleo, resulta imprescindible mejorar el funcionamiento del
mercado de trabajo independientemente de si se abarata el despido o no.
La creación de empleo depende más de la recuperación de la actividad; y
será más sensible a negociaciones más flexibles (de las empresas
directamente con sus trabajadores) que a la rebaja de la indemnización
por finiquito, asunto que también debe ponerse en discusión.
Por el bien de todos desearía equivocarme, pero debemos ponernos en lo peor y se empiezan a confirmar mis perores sospechas, quienes
han doblado la muñeca al presidente para que adoptara las medidas
impopulares de recorte del Estado de Bienestar, no se conforman solo con
esto, quieren mas.
Los mismos que han sido los causantes de la caída de la economía financiera y, consecuentemente, de la caída de la economía real,ahora quieren continuar con la desmantelación del Estado del Bienestar y de las conquistas sociales de los trabajadores, que se vaya preparando Zapatero, hasta ahora "le han doblado la muñeca pero ya amenazan con partirle la crisma" como no obedezca.
Los mismos que han sido los causantes de la caída de la economía financiera y, consecuentemente, de la caída de la economía real,ahora quieren continuar con la desmantelación del Estado del Bienestar y de las conquistas sociales de los trabajadores, que se vaya preparando Zapatero, hasta ahora "le han doblado la muñeca pero ya amenazan con partirle la crisma" como no obedezca.
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